Murcia encabeza los despidos por EREs con un aumento del 159%

fila_inem_ere_portadaEl número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) creció en la Región de Murcia, entre los pasados meses de enero y mayo, un 159% respecto al mismo período de 2011. La reforma laboral, que entró en vigor el pasado 12 de febrero, eliminó la falta de autorización necesaria para ejecutar esta medida. Con 3.778 personas, esta cifra coloca a la comunidad a la cabeza de las españolas en incremento porcentual, solo superada por Extremadura.

Según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicado ayer, la cifra de ERE aumentó una media del 66% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en tanto que los no pactados se dispararon un 567%. En los cinco primeros meses del año se autorizaron o comunicaron un total de 13.518 ERE, que afectaron a 176.085 trabajadores, frente a los 8.106 expedientes de regulación para 114.917 trabajadores del mismo periodo del pasado año, lo que en número de empleados supone un incremento del 53%.

En el caso de los no pactados han sido seis veces más, al haber pasado de 728 a 4.859, con 69.510 trabajadores implicados este año y 11.416 el anterior. Por tipologías, los que más crecen son los de reducción (4.995, 79 % más), seguidos de los de suspensión (6.370, un 70 % más) y de los de extinción (2.153, un 36 % más). Principalmente se han alegado causas económicas (9.456), frente a las organizativas o de producción (3.742), las de fuerza mayor (177) y las técnicas (124).

Por tamaño de empresa, la mayoría de los ERE se produjeron en empresas de menos de 9 trabajadores (6.739), de 10 a 24 (3.159) y de 50 a 249 (1.366), en tanto que las compañías con entre 25 y 49 empleados fueron las que sumaron menos expedientes (1.190). Los trabajadores del sector industrial y de servicios fueron los más afectados.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario. No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

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