Se ha consumado la farsa urdida por la derecha reaccionaria para justificar un nuevo ataque a las pensiones. El denominado “Comité de Expertos” del que el Gobierno Rajoy hablaba en el comunicado conjunto dela reunión del 16 de mayo, ha emitido su opinión, que, como se preveía, ha sido favorable al recorte de las pensiones.
Debemos decir, en primer lugar, que la inmensa mayoría de tales “expertos” (ocho, sobre un total de doce) están a sueldo de empresas financieras o aseguradoras interesadas en el negocio de los planes privados de pensión. Es el caso de: Víctor Pérez Díaz, vinculado a UNESPA, patronal del seguro privado, y colaborador habitual de FAES la “fundación” de Aznar; Rafael Doménech, del BBVA y colaborador también de UNESPA y VIVA; Manuel Lagares, asesor del PP y ligado a MAPFRE y a la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro); Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, fundación patrocinada por las grandes empresas; Miguel Ángel Vázquez, miembro del “foro de expertos” de UNESPA; Francisco Castellano Real, jefe de la asesoría fiscal de la CECA;…
Estos agentes del capital proponen dos fórmulas: el Factor de Revalorización Anual (FRA) y el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) para encubrir un nuevo y brutal ataque al sistema público de pensiones que supondrá recortes (que algunos medios cifran ya en al menos un 20%) que afectarán a los trabajadores y pensionistas actuales y, con particular contundencia, a los que se incorporen al mercado de trabajo.
Menos de un mes después de la firma del acuerdo de rendición del 16 de mayo, el Gobierno recurre a un burdo ardid, el estudio de un grupo de empleados a sueldo del capital financiero, para adornar su decisión de arremeter contra el sistema público de pensiones.
Con todo, lo peor es que un miembro del selecto grupo encargado de embellecer este nuevo asalto a los derechos de los trabajadores, Miguel Ángel García (reconocido fidalguista y director del gabinete de Estudios del sindicato), propuesto por la dirección de CCOO, ha emitido un voto particular favorable al informe, sin consultar con la organización.
La dirección Confederal de CCOO se ha limitado a publicar una nota en la que torpemente se desmarca de la actitud de semejante vendido, al afirmar que “El informe es eso, un informe. No vincula al Gobierno, ni a las Cortes Generales, ni a los interlocutores sociales”. Ni una sola mención a la actitud traidora de su representante en la comisión. Con ello, dan un paso más en la senda de entreguismo en la que parecen empeñados los Toxo, Górriz, Bravo y cia.
A estas alturas, no caben medias tintas, sutilezas, ni paños calientes. Entablada como está una lucha sin concesiones entre la mayoría trabajadora, que CCOO debe representar, y una minoría de miserables vividores que buscan sin disimulos hacerse con el botín de los servicios públicos esenciales, la única actitud es la de la firmeza y la lucha.
CCOO, la principal organización sindical de nuestro país, debe encabezar la lucha contra el nuevo ataque al sistema público de pensiones. Y la primera medida de su dirección confederal solo puede ser la de denunciar expresamente la actitud de su representante en esta nueva farsa de la derecha neoliberal, desautorizar su opinión como no representativa de la organización y expulsarle del sindicato de inmediato, si no cambia su dictamen.
CCOO no puede continuar siendo refugio de elementos que han optado abiertamente por la defensa del capital y no dudan en mantener su posición frente al criterio de la organización y al margen de los cuadros y afiliados.
No es un problema técnico ni de visión personal; no existen vías intermedias: si la dirección confederal no actúa de inmediato contra este miserable servidor del capital financiero y especulador, si no desautoriza expresamente su actitud, se coloca a sí misma al margen del los intereses de la clase trabajadora.
Ningún sindicalista puede consentir que se utilice la organización para golpear a nuestra clase y poner en peligro los derechos de las generaciones futuras en un acto irresponsable y traidor.
La alternativa para los sindicalistas de clase sería sólo una: organizar la rebelión interna contra el grupo de dirigentes que están llevando a CCOO por la senda del descrédito, cayendo en una actitud cada vez más aventurera que recuerda a la de José María Fidalgo. La clase obrera no se merece estos dirigentes y debe cambiarlos.
PCE (m-l) Cartagena